El pasado 25 de abril, la Comisión Europea alcanzó un acuerdo que le llevó 16 horas de negociaciones. Se trata de la nueva Ley de Servicios Digitales (DSA), que engloba todas las decisiones que debe acotar el marco legal con el objetivo de poder resolver todas las necesidades que han detectado los gobiernos para fijar una línea que permite controlar el poder de las GAFAM.
Mediante la DSA se busca abarcar todos los aspectos que afectan tienen un impacto directo en el contenido digital. Para ello, se han buscado todas las aristas que existen en torno a aspectos tales como la publicidad, las tiendas de aplicaciones o los algoritmos que tienen una relación directa con la desinformación.
Europa, por delante de Estados Unidos
Actualmente, las Big Tech podrían estar suponiendo un problema a nivel global. Este es el motivo por el que la Unión Europea ha querido adelantarse a Estados Unidos en materia legislativa. Thierry Breton, Comisario del Mercado Interior de la Comisión Europea, «con la DSA, la época en que las grandes plataformas online se comportaban como si fueran demasiado grandes para preocuparse está llegando a su fin».
Para ello, se ha establecido un programa de multas que puede alcanzar, incluso, el 6% de la facturación mundial de la empresa en cuestión. Un aspecto que ha provocado cierta inquietud entre todas las implicadas.
Lo que es ilegal offline, también lo será online
La DSA prohibirá muchos de los comportamientos que ya están declarados como ilegales en el sector offline. Pero, ahora, asentándolos en el ámbito online. Para ello, será declarado ilegal, por ejemplo, la publicidad online individualizada basada en elementos tales como la religión, la orientación sexual o el origen étnico.
Además, también se ha puesto especial atención en todo lo que tiene relación con las cancelaciones a las suscripciones de servicios. A partir de ahora, quedarán relegadas a un segundo plano todas las tácticas que están diseñadas para engañar a los usuarios en el momento de suscribirse a cualquier servicio. La cancelación de los mismos será tan sencillo como darse de alta.
Conviene conocer que en la DSA no quedará reflejado que tipo de contenido pasa a ser considerado como ilegal, puesto que esto es responsabilidad de los propios países. Sin embargo, sí que se va a definir por qué se ha retirado un contenido en cuestión y cuáles son las opciones con las que cuentan los usuarios para reclamar un contenido que ha sido borrado.
Los algoritmos, ahora, serán públicos
Uno de los principales cambios que va a introducir la DSA hace referencia al comportamiento de los algoritmos. A partir de ahora, éstos serán públicos y se tendrá la opción de elegir un sistema que no se encuentre basado en los intereses del propio consumidor.
Las empresas que cuentan con más de 45 millones de usuarios mensuales en la Unión Europea deberán dar a conocer el funcionamiento de los algoritmos que se encargan tanto de recomendar contenido como productos. Por tanto, ahora el consumidor podrá conocer en base a qué recibe las recomendaciones de su plataforma de streaming habitual, por ejemplo. El objetivo es el de dotar de una mayor transparencia a todo este proceso.